Pecado de omisión

Poco conocemos de lo que sucede al interior de las aulas en México. De manera extraoficial sabemos que en ellas operan grupos, en su mayoría de estudiantes, que someten a otros a través de la extorsión, el miedo y la violencia física. Sin embargo, ni los padres de familia, ni los maestros, ni las autoridades educativas o de salud han logrado adentrarse a fondo en la espesura del comportamiento juvenil en los espacios escolares, lo que ha generado un vacío que ha sido aprovechado por los jóvenes.  Sólo cuando se registra algún caso de violencia extrema que trasciende los muros de las escuelas, el fenómeno asoma su horrenda figura para luego regresar a su escondite favorito: el silencio institucional.

Este fenómeno asomó sus garras recientemente en Acámbaro cuando Jessy, una joven estudiante de preparatoria fue atacada brutalmente por un ex compañero de escuela mandándola al hospital en los límites con la muerte.  El caso actualmente está en proceso de investigación y los elementos que se tienen no permiten dar cuenta todavía de lo sucedido con exactitud. Sin embargo las preguntas que surgen tienen que ver fundamentalmente con lo que sucede no sólo al interior de los hogares, sino también al interior de las escuelas.

Y aunque el problema de la violencia es multifactorial, la impunidad que impera en el salón de clases es un reflejo impactante de lo que le pasa a nuestro país. Los estudiantes son sometidos por otros con prácticas de avanzado tono criminal: amenazan, roban, cobran piso e insultan incluso a sus propios padres y maestros. Los baños son puntos de reunión en donde se consumen alcohol y drogas; y problemas como el embarazo prematuro, el uso de armas, el abuso sexual, las depresiones o actos pre suicidas son el pan nuestro de todos los días. Las escuelas para muchos jóvenes han dejado de ser un lugar de capacitación y aprendizaje, para convertirse en verdaderos infiernos. Y es imposible en muchos de los casos no darse cuenta de ello a pesar de que los estudiantes callen, sobre todo si son víctimas de violencia y se encuentren amenazados.

Al parecer ni Operación Mochila, ni las cámaras de vigilancia colocadas en algunas secundarias, ni las nuevas leyes, han servido para inhibir los ímpetus delincuenciales de los estudiantes. Se cuestiona igualmente la pertinencia de las escuelas de tiempo completo en un contexto carente de infraestructura básica y la falta de reformas adecuadas al sistema educativo.

Lo que le sucedió a Jessy ha conmocionado a los acambarenses, sobre todo a un grupo de jóvenes que espontáneamente salieron a la calle para exigir un alto a la violencia. Pero esa conmoción no debiera petrificarse, habría que darle un cauce adecuado que implique el seguimiento del caso para que se resuelva con celeridad, además de revisar las omisiones en todos los niveles de autoridad que están costándole muy caro a nuestra sociedad. Con estos antecedentes, sería imperdonable que la agresión que sufrió Jessy se repitiera.