Lo que nadie quiere ver



En cualquier momento podrían avisarle a Patricia que han encontrado a su marido, le han dicho que sus restos podrían haber sido localizados en una fosa en el norte del país, abandonados entre tantos otros pedazos de cuerpos irreconocibles. Es una mujer morena de misteriosa fortaleza, dueña de un par de ojos profundos en donde se mece un dolor contenido, sin llanto, encargada de sacar adelante a su familia desde que su esposo se fue de la casa, hace tabiques como muchas mujeres en esa colonia en donde es común que los hombres se vayan. Un sábado a la hora del almuerzo me compartió su historia:
 “¡Que no queden impunes, el castigo es poquito si los meten a la cárcel a lo que hacen con las personas!”, decía con la mano empuñada haciendo referencia a ese que dicen fue el culpable de la desaparición de su esposo hace más de dos años, un tal Güero, recomendación de un vecino.  No era la primera vez que su esposo se iba a Estados Unidos, ya lo había hecho antes para reunir dinero y tratar de curar a una de sus hijas que estaba muy enferma. Pero no se curó y se tuvo que regresar al norte, empeñó el terreno de la tabiquera por cuatro mil pesos y jamás lo volvieron a ver. Era un 14 de Septiembre del 2011, Patricia se despidió de él en Celaya sin presentimiento alguno, aunque el coyote que los esperaba en la central no estaba vestido con sombrero de pachuco como había dicho, de todas formas se fue junto con otros 28, tres eran acambarenses de la misma colonia, uno de ellos era su concuño, el otro el papá de su comadre, todos desaparecieron.
Una semana después interpusieron la primer denuncia, aunque Patricia no creía lo que estaba pasando,  no recibía ninguna llamada, ni un mensaje, nada. La información les fue llegando a cuentagotas: supieron que los habían bajado en Treviño, que habían sido vistos en la central de Monterrey, que dos lograron escaparse, que gente armada los obligó a trabajar para ellos, que los torturaron y que luego los mataron dejándolos en una fosa. Pero Patricia y su comadre son incrédulas, la historia pareciera no tener ni pies ni cabeza, apenas son dueñas de pequeños fragmentos que han logrado ir hilvanando con paciencia, pedazos de un mal sueño del que no han podido despertar.
En casi tres años su caminar ha sido muy solitario, en sus idas y vueltas a Monterrey, en sus visitas a las procuradurías de justicia, a los ministerios públicos, a los análisis de ADN, Patricia ha tenido que dejar solos a sus 6 hijos y tocar casa por casa para pedir prestado: “La esperanza muere al último, hasta que yo no vea a mi esposo de vuelta y no esté bien segura no me voy a dar por vencida, y aunque lo vea, aunque lo sepa y todo, nomás no…”.

Propósitos 2014




El año pasado circuló en el  Congreso Local un documento que enseguida se hizo público y que llegó a los titulares de los periódicos estatales. Se trata de un análisis realizado por la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Legislativo, una relación de salarios pertenecientes a los alcaldes de los 46 municipios del estado que entonces revelaba que más de la mitad de ellos superaban lo establecido por el propio Congreso, por lo que recomendaron una serie de topes salariales que tendrían que estar siendo aplicados desde este miércoles pasado. Entre los que más ganan están algunos alcaldes de municipios como Dolores Hidalgo, Silao y Acámbaro con salarios alrededor de los 90 mil pesos mensuales, en contraste con alcaldes como el de San Miguel de Allende, con la ciudad más laureada en los últimos meses, y que gana menos de lo recomendado con 80 mil pesos mensuales. 
La Constitución establece que los funcionarios públicos deben regirse en materia de salarios de acuerdo a lo que les fije su órgano hacendario, en materia federal por ejemplo es la Secretaría de Hacienda la que fija los salarios teniendo en cuenta el presupuesto de egresos de la federación. El mismo cuadro se repite dentro de los estados y municipios regulados por sus respectivas constituciones, pero hay entidades en las cuales no existe tal regulación y otorgan esa facultad a los ayuntamientos quienes ni tardos ni perezosos toman la decisión sobre sus propios emolumentos. El resultado es un esquema abusivo en el que proliferan los gobiernos caros con sectores públicos que no rinden y que además se surten de sus propias percepciones como si fueran establecimientos de primer mundo.

El tema incluso salta al plano ético donde en teoría la ley permitiría percibir un salario de tal magnitud siempre y cuando se ajustara a las condiciones sociales que viva el municipio en cuestión, pero no siempre es así. En Acámbaro por ejemplo, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en su diagnóstico del Modelo de Intervención de la Política Social en Guanajuato 2013, 44% de los encuestados tienen un sueldo entre 400 y 800 pesos a la semana, con 40 a 60 horas trabajadas y ninguno gana más de cuatro mil semanales. Este mismo estudio revela que Acámbaro padece una desatención cultural alarmante, con un índice delincuencial alto, mientras las escuelas y centros de salud están alejados de las comunidades. Ello sin tomar en cuenta que hasta antes del 2010 más de la mitad de los acambarenses presentaban algún grado de pobreza y que 15 personas morían al año por desnutrición según datos del CONEVAL.

Es evidente que la balanza empezando el año no está equilibrada, por lo que esperaríamos a que el Congreso aclare las reglas del juego ajustándose a la nueva realidad de impuestos y reformas con la que despertamos los mexicanos este 2014, porque si bien es cierto las recomendaciones ya están dadas quizá no sean suficientes.