El año pasado circuló en
el Congreso Local un documento que
enseguida se hizo público y que llegó a los titulares de los periódicos
estatales. Se trata de un análisis realizado por la Unidad de Estudios de las Finanzas
Públicas del Legislativo, una relación de salarios pertenecientes a los
alcaldes de los 46 municipios del estado que entonces revelaba que más de la
mitad de ellos superaban lo establecido por el propio Congreso, por lo que recomendaron
una serie de topes salariales que tendrían que estar siendo aplicados desde este
miércoles pasado. Entre los que más ganan están algunos alcaldes de municipios como
Dolores Hidalgo, Silao y Acámbaro con salarios alrededor de los 90 mil pesos
mensuales, en contraste con alcaldes como el de San Miguel de Allende, con la
ciudad más laureada en los últimos meses, y que gana menos de lo recomendado
con 80 mil pesos mensuales.
La Constitución establece
que los funcionarios públicos deben regirse en materia de salarios de acuerdo a
lo que les fije su órgano hacendario, en materia federal por ejemplo es la
Secretaría de Hacienda la que fija los salarios teniendo en cuenta el
presupuesto de egresos de la federación. El mismo cuadro se repite dentro de
los estados y municipios regulados por sus respectivas constituciones, pero hay
entidades en las cuales no existe tal regulación y otorgan esa facultad a los
ayuntamientos quienes ni tardos ni perezosos toman la decisión sobre sus
propios emolumentos. El resultado es un esquema abusivo en el que proliferan
los gobiernos caros con sectores públicos que no rinden y que además se surten
de sus propias percepciones como si fueran establecimientos de primer mundo.
El tema incluso salta al plano ético donde en teoría
la ley permitiría percibir un salario de tal magnitud siempre y cuando se
ajustara a las condiciones sociales que viva el municipio en cuestión, pero no
siempre es así. En Acámbaro por ejemplo, de acuerdo a la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano en su diagnóstico del Modelo de Intervención de la Política Social
en Guanajuato 2013, 44% de los encuestados tienen un sueldo entre 400 y 800
pesos a la semana, con 40 a 60 horas trabajadas y ninguno gana más de cuatro
mil semanales. Este mismo estudio revela que Acámbaro padece una desatención
cultural alarmante, con un índice delincuencial alto, mientras las escuelas y
centros de salud están alejados de las comunidades. Ello sin tomar en cuenta
que hasta antes del 2010 más de la mitad de los acambarenses presentaban algún
grado de pobreza y que 15 personas morían al año por desnutrición según datos
del CONEVAL.
Es evidente
que la balanza empezando el año no está equilibrada, por lo que esperaríamos a que
el Congreso aclare las reglas
del juego ajustándose a la nueva realidad de impuestos y reformas con la que
despertamos los mexicanos este 2014, porque si bien es cierto las
recomendaciones ya están dadas quizá no sean suficientes.
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